"A diferencia de ellos, no nos movemos por el deseo de medrar, sino que sólo pretendemos conseguir un mundo mejor "

Ya que una amiga se molestó en pasarme la charla debate de José Mateos, doctor en derecho constitucional y miembro del comité jurídico de acampada murcia, en Bullas y que por razones de espacio no pudo aparecer entera en El Noroeste, la dejo aquí porque creo que merece la pena.

-¿Por qué indignados?

-En lo que a mí respecta, estoy indignado por dos cosas. Primero, porque se nos están negando derechos que son fundamentales para que toda persona pueda tener una vida digna, pueda desarrollarse como individuo, pueda ser libre y pueda participar en una sociedad que le pertenece y en la que tiene que ser protagonista. También estoy indignado por el hecho de que estos derechos que se nos están negando: derecho a la vivienda, al trabajo, a un salario digno, están reconocidos en la Constitución. Son derechos que la clase política nos reconoce formalmente, pero que incumple de una forma radical. Por consiguiente, hay un doble motivo para la indignación, el hecho de que nos pisen y el hecho de que a la vez que nos pisan se rían de nosotros. El hecho de que para quedar bien, para intentar legitimar el sistema político actual, intenten demostrar de cara a la galería que existen unos derechos que se nos están truncando de forma generalizada y atroz. Finalmente, diría que hay un nuevo motivo para la indignación y es que nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, estamos sosteniendo un sistema político basado en unas instituciones y en unos organismos públicos que forman unas personas que no están a la altura, que se han divorciado completamente del pueblo, no cuentan con nosotros, se dedican a tirarse los trastos a la cabeza utilizando asuntos absolutamente irrelevantes para el ciudadano como son sus intereses personales y partidistas, y que están siendo pagados por todos nosotros. El trabajador que no llega a fin de mes está dedicando una parte de su dinero, que necesita, en forma de impuestos, a que aquellos políticos que nos dan la espalda vivan como dioses. Eso se puede extrapolar a muchas administraciones. Estamos indignados por el caciquismo, por el nepotismo, por el hecho de que tantos sobrinos, hijos, cuñados, estén viviendo a nuestra costa y estén usurpando unos puestos que deberían utilizar personas que verdaderamente estén comprometidas con su trabajo, con la ciudadanía y que quieran regenerar la sociedad y cumplir con su deber. Esta es nuestra indignación, una indignación que pretende dignificar la sociedad y construir un nuevo órgano político en el que la democracia sea verdadera y en el que todos y cada uno de nosotros ocupemos la posición de protagonismo y de dignidad que nos corresponde como ciudadanos, porque estamos construyendo la sociedad con nuestro esfuerzo y es de justicia que por esa misma razón nosotros seamos quienes gobernemos de una forma real, buscando el bien de la colectividad.

-¿Qué ha pasado en los países árabes, o Islandia?

-Hay un denominador común tanto en Islandia como en los países árabes, y es que se han roto los tabúes. En Egipto y Túnez los gobiernos dictatoriales que había utilizaron el miedo para que la gente pensase que no había nada posible salvo el caos y la destrucción más allá de los gobiernos que les estaban oprimiendo. Los tiranos de Túnez y Egipto se presentaban a sí mismos como garantía del orden, como los únicos capaces de evitar que el país se convirtiera en una selva en la que los ciudadanos se mataran entre sí, se robaran y todo cayese en una guerra civil. En Islandia sucedía algo parecido, a un nivel diferente, pero con el denominador común del miedo. El gobierno que había hasta entonces planteaba que era materialmente imposible contradecir a los bancos y poderosos, negarles ese pervertido e inexistente derecho a sacarle la sangre a los ciudadanos. Decían que si se plantaba cara a los bancos todos los inversores abandonarían el país y se convertiría en un desierto de pobreza. Tanto en Islandia como en los países árabes se ha demostrado que no era así, que era un miedo infundado, promovido por aquellos que controlaban el país y se encontraban en una situación de absoluta comodidad a costa de condenar a la pobreza, precariedad y explotación a la ciudadanía. Yo creo que ese vencer el miedo, romper los tabúes, creer en nosotros mismos como una fuerza capaz de conseguir un orden justo y de superar aquellos que utilizan como argumento, no la bondad de sus acciones, sino el hecho de que tienen el poder y de que si desafiamos a ese poder no nos espera nada salvo el dolor, el desastre y la destrucción de la sociedad. Si vencemos ese miedo, si creemos en nosotros mismos, podremos conseguir lo mismo que se ha logrado en Islandia y en los países árabes. Por tanto, la revolución española, que puede ser el comienzo de la revolución europea si conseguimos prender en el corazón de los europeos el deseo de un mundo mejor, tiene que vencer lo mismo que vencieron los árabes y los islandeses: el miedo. Y la única forma de vencer el miedo es pensar mucho, trabajar mucho y darnos cuenta de la enorme fuerza que tenemos. Nosotros somos el capital humano que mueve el país. Si decidimos dejar de trabajar, el país se para. Si decidimos votar en un determinado sentido, nuestra opción se convertirá en realidad. Nosotros tenemos el poder, sólo hace falta que nos lo creamos, y moveremos montañas.

 -Diferencia entre DRY y los movimientos surgidos tras el 15-M y la repercusión que pueden tener

-Democracia Real Ya! fue un movimiento de ciudadanos que pretendían evidenciar las cosas que funcionan mal en el país y animar a la gente a manifestarse. Podemos considerarlo el precursor de todo lo que ha pasado. DRY prendió la mecha y como consecuencia de lo que hizo ha habido unas mareas humanas de ciudadanos absolutamente impresionantes en toda España que, a raíz de la manifestación del 15-M decidieron que la cosa no podía quedar en una manifestación. Empezaron a acampar en las plazas, ahora se están organizando en asambleas de barrio y podemos decir que esos ciudadanos que no son Democracia Real Ya!, aunque comparten a grandes rasgos sus objetivos, son junto con DRY la masa social que a día de hoy está construyendo el cambio que todos necesitamos. He estado en la acampada de Murcia en la comisión jurídica y puedo decir que lo que yo he visto es un movimiento absolutamente horizontal, que no está pervertido por los males que hoy caracterizan a los partidos políticos. No hay ganas de medrar, de someterse al jefe para ascender, entre otras cosas porque no hay jefes. Es un movimiento en el que hay personas de una ideología absolutamente distinta, pero que todas ellas convergen en lo que son los derechos humanos, en el sentido común que nos hace ver que todas las personas somos iguales, valemos lo mismo, que todos tenemos capacidad para pensar, que no necesitamos que ningún partido político o sindicato nos diga que las cosas van bien o mal porque somos lo suficientemente inteligentes para verlo por nosotros mismos y actuar por nosotros mismos. Yo nunca he militado en ningún partido político y una de las razones ha sido que me asquea mucho el concepto de disciplina de partido. A mí me asquea el hecho de que yo, teniendo unas convicciones, pensando que una determinada cosa debe gestionarse de una determinada manera, tenga que pisotear mis convicciones y someterme a lo que diga la dirección del partido porque si no, me echan. Por la misma razón por la que no he pertenecido nunca a ningún partido político, me siento muy orgulloso de pertenecer a este movimiento. Porque es un movimiento horizontal, de gente honrada, en el que todo el mundo puede participar, en el que se puede discrepar en todo. A nadie se le va a crucificar por decir en una asamblea algo con lo que la mayoría de la gente no está de acuerdo. La clave del movimiento se encuentra en la inclusión desde la diversidad, en aceptar al anarquista, al cristiano, al marxista, al socialdemócrata, a todas las personas que acepten los derechos humanos y que quieran luchar por ellos, independientemente de su ideología. A grandes rasgos, eso es lo que puedo decir del movimiento: horizontalidad, lucha ciudadana, honestidad y un potencial humano increíble que yo creo que nos va a llevar a cambiar el país de cabo a rabo.

-División de poderes en la democracia actual y poderes fácticos

-Cuando el movimiento del 15-M acababa de comenzar y las elecciones municipales y autonómicas estaban a la vuelta de la esquina, el gurú ideológico de un determinado partido lanzó una crítica brutal contra el movimiento 15-M. Una de las claves de esa crítica fue que, según él, a la democracia no se le puede poner adjetivos. Él decía que si nosotros planteamos nuestro movimiento como una democracia real nos estamos poniendo al mismo nivel que Franco, que llamaba a su democracia, democracia orgánica. Según él, la democracia es lo que es, y todo aquel que intente ponerle un adjetivo para calificarla es un totalitario y un dictador. Ese hombre, aparte de no tener ni idea de ciencia política, porque el modelo que tenemos ahora mismo tiene un adjetivo, se llama democracia representativa o democracia parlamentaria. El problema se encuentra en que cuando esa democracia representativa o parlamentaria se pervierte, como se ha pervertido la que tenemos hoy día en España, hace falta que la ciudadanía se movilice para cambiarla. Y tenemos muchas cosas que cambiar. A día de hoy persisten unos poderes fácticos que controlan los medios de comunicación, las grandes empresas y a los políticos y que son los que dicen cómo se gobierna el país. Si, por ejemplo, uno de nosotros ha estado pagando una hipoteca pero llega un momento en el que no puede seguir trabajando, a esa persona se le echa de su casa. Pero si un banco se juega el dinero de sus inversores de una forma absolutamente irresponsable y lo pierde, ahí está el gobierno para rescatarlo. Esa es la mejor prueba de quién gobierna el país. Hasta el punto de que el capitalismo que, según dicen, es la seña de identidad de este país, no se cumple para los bancos, y no se cumple para las grandes empresas. Porque, según el capitalismo, el riesgo es la esencia de la economía. Si una empresa o un banco corre un riesgo y pierde, se queda arruinado. Pero en España no sucede eso. En España, si el que comete el error, aunque ese error sea nefasto para la sociedad y terrible para los ciudadanos, es un banco, será rescatado. Pero si es un ciudadano, aunque tenga hijos o no tenga dónde caerse muerto, perderá su casa y se quedará en la calle. Esa es una de las mejores muestras de que en España los medios de comunicación y el poder político están totalmente sometidos a una élite económica que sabe premiar a aquellos que hacen lo que les mandan y que, cuando un presidente del gobierno o un presidente autonómico o un ministro cumple con los objetivos que le marcan, le premian convirtiéndole en un alto ejecutivo o representante. Aunque muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que hacen. Algunos se convierten en asesores de economía y no han estudiado ni la carrera de economía, algunos ni siquiera tienen una carrera. Esa es la mejor prueba de que es un favor personal que le conceden por haber cumplido las órdenes que se le mandaban. Eso tiene una repercusión tanto en los medios de comunicación como en los políticos. Los medios nos ocultan aquellas noticias que podrían indignarnos más, que podrían darnos una imagen más fiel de lo que está pasando en España y que podrían hacer que saliéramos a la calle. Hay días en los que mueren cuatro o cinco trabajadores en España como consecuencia de que el gobierno no controla las condiciones de seguridad en las obras. Eso no sale en las noticias. Hay días en los que se producen numerosos desahucios en toda España. Esos desahucios, a no ser que alguien de la plataforma por la hipoteca vaya allí y haga mucho ruido, tampoco salen en las noticias. Esa es la mejor prueba de que quieren deformar nuestra opinión para que pensemos que todo es perfecto, que somos los únicos que tenemos un mínimo de conciencia social y que vemos que las cosas no funcionan bien, que estamos aislado y que por tanto no tenemos fuerza para cambiar nada. Esos medios de comunicación, unos de tendencia próxima al PP y otros próxima al PSOE, pero en el fondo ninguno de ellos cuestionan los problemas reales de España como el mal reparto de la riqueza, la precariedad laboral, la deficiencia de los servicios sociales, etc. Esos medios siguen la misma disciplina que siguen los políticos: la sumisión absoluta a las grandes empresas y al poder económico. La única forma que tenemos de acabar con este sistema es convertirnos nosotros mismos en políticos activos, a pie de calle. No en el político que se enfunda en su traje y se dedica a hacer negocios oscuros en su despacho sin que nadie le vea, sino en personas interesadas en lo que pasa en su país, que son conscientes de que pueden cambiarlo y en personas que, si no les dan la información en los sitios donde es más fácil encontrarla, se molestan en hablar con sus vecinos, en buscar en internet y en formarse su propio criterio aunque se lo pongan difícil. Resumiendo, en España tenemos una democracia muy devaluada y los únicos que tenemos la capacidad para devolverle su auténtica esencia somos nosotros mismos. Concluyo hablando del poder judicial. El Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, los órganos más importantes y que determinan la constitucionalidad de las leyes, son órganos políticos. El Tribunal Constitucional es designado por el Congreso de los Diputados a través de unos acuerdos a los que llegan PP y PSOE, y según los cuales se reparten el porcentaje de magistrados dependiendo del peso que cada uno de ellos tiene en el Parlamento. Esos magistrados cumplen milimétricamente lo que les dice el partido. Siempre que hay un asunto polémico, en el que el PP tiene una postura y el PSOE otra, todos los magistrados del PSOE vota lo que dice el PSOE y todos los del PP igual. Y es algo tan escandaloso que hace poco el presidente del Tribunal Constitucional salió a los medios y dijo que efectivamente eso era así, pero porque los magistrados tenían su propia ideología y actuaban conforme a ella. Pero si tenemos en cuenta que las políticas del PSOE en los últimos tiempos han sido de todo menos progresistas, es bastante difícil de creer que una persona con mentalidad progresista vaya, por su propia conciencia, a votar a favor de las leyes del PSOE cuando se llevan al Tribunal Constitucional, y curiosamente, todos los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el PSOE lo hacen de forma sistemática. Por tanto, los altos órganos de la jurisdicción en España son una prueba más de que las cosas no funcionan, de que hay un poder político sometido a un poder económico que lo controla todo y de que la única forma de pararlo es democratizar las instituciones, y también hay que democratizar el Tribunal Constitucional. En mi opinión, la forma correcta para ello sería pasar de la elección parlamentaria al sorteo. Hacer una clasificación de magistrados o juristas que cumplan unas condiciones establecidas objetivamente y que sea un órgano administrativo el que lo determine y que de entre todos estos jueces y juristas se haga un sorteo y las personas que salgan por sorteo ocupen los puestos del Tribunal Constitucional. Creo que es la única forma de lograr la democratización de este órgano.

 -Consecuencias del Pacto del Euro

-El Pacto del Euro es un acuerdo que fue promovido por Alemania y Francia, que tenía como objetivo que a partir de ahora, en materias que son fundamentales para los ciudadanos como salarios, pensiones, condiciones laborales, dinero invertido para servicios públicos, etc., a partir de ahora no sean los gobiernos de cada estado los que determinen las políticas a seguir en estos ámbitos, sino que la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, les imponga una serie de directrices y obligaciones que van a tener que cumplir quieran o no. Esto supone un ataque contra la soberanía nacional, porque un país puede aceptar una serie de tratados que le vincule o le obligue a unos acuerdos con otras organizaciones internacionales o con otros estados. Pero hay unos límites. La soberanía se suele limitar, por ejemplo, para que las patatas de un determinado país tengan preferencia a la hora de comercializarse en otro país. Es un aspecto secundario y accesorio. Pero lo que no puede admitirse es que derechos que están establecidos en la Constitución, como la piedra angular de nuestra convivencia, sean negados por autoridades que no han sido elegidas por los españoles y que vistas las políticas de Angela Merkel, una señora que ha mantenido políticas absolutamente antisociales, ha recortado los derechos de los alemanes de una forma brutal, es más que probable que si permitimos que esta señora y la gente a la que controla decida por nosotros en el derecho a la sanidad, a la educación, al salario, a unas pensiones dignas, estos derechos queden definitivamente negados en la práctica. Por tanto, aparte de ser algo tremendamente nocivo y perjudicial para nuestra vida cotidiana, el Pacto del Euro niega la base de nuestra soberanía nacional, porque permite que aquello que nosotros hemos considerado esencial en la Constitución sea regulado por unas autoridades ajenas a los españoles, sin que los españoles podamos decir nada. El Pacto del Euro da libertad a la Comisión Europea para regular esas materias de las que hablábamos, pero ya de por sí, establece una serie de criterios y fines generales que la Comisión Europea va a seguir a la hora de establecer su regulación sobre estos ámbitos. Y son bastante preocupantes. El Pacto del Euro se divide en cuatro pilares, cuatro objetivos básicos que dice perseguir. El primero de ellos es el impulso de la competitividad. Desde Europa se dice que el mercado europeo está bastante anquilosado y que hace falta producir más para crear más riqueza. Ellos consideran que la medida adecuada para lograr el fomento de la producción es la reducción de los precios. El problema son los criterios y medidas que establecen para lograr que los precios se reduzcan, fundamentalmente, bajar los salarios. Siguen el modelo de china, donde hacen unos productos muy baratos porque los ciudadanos se encuentran en un régimen de semiesclavitud, sin ningún derecho laboral, cobrando una miseria. Las medidas para ese impulso de la competitividad del Pacto del Euro, literalmente son: “Revisión de los acuerdos de fijación de salarios con el fin de restringirlos. Revisión del nivel de centralización del proceso de negociación laboral”. Esto significa que ahora, pese a que los sindicatos no sean nada del otro mundo, por lo menos los trabajadores gozamos de los convenios colectivos, que establecen las condiciones básicas que ningún empresario del sector al que se refiere el convenio puede violar. Con el Pacto del Euro lo que se pretende es que a partir de ahora los convenios colectivos puedan ser violados por el empresario individual mediante una “negociación” con el trabajador individual. Es decir, a partir de ahora un convenio puede decir que el salario mínimo para ese ámbito de producción es de 800 euros. Pues el empresario puede llamar al trabajador a su despacho y pedirle que negocie con él que para su caso concreto el salario no sea de 800  sino de 700. Evidentemente es una puerta abierta al chantaje, porque el trabajador, solo, aislado, que tiene un miedo más que comprensible a quedarse en paro y a no encontrar trabajo, va a aceptar en la mayoría de los casos lo que el empresario le imponga porque en el despacho del empresario, donde nadie escucha lo que se dice, es más que posible que el empresario le diga: “tengo a veinte como tú, que están más desesperados que tú y si no me aceptas estas condiciones te echo con cualquier excusa y les contrato a ellos”. El Pacto del Euro va a promover esta situación de chantaje, de negación de los derechos laborales para los trabajadores y con la hipocresía absolutamente sangrante que suele caracterizar a los neoliberales. Estos justifican que una persona pueda tener un salario absolutamente bajo, que pueda ser explotada con una jornada laboral brutal por su empresario, con la excusa de que esa persona libremente firma el contrato. Evidentemente, la persona no es libre de comer, tiene que comer todos los días, y si no tiene dinero, no puede comer. El empresario tiene mucho dinero, hablo sobre todo de los grandes empresarios, los hay de la pequeña y mediana empresa que son gente muy honrada, pero el gran empresario poco ético tiene mucho dinero con el que va a poder vivir sin ningún problema y, sobre todo, tiene mucha carne de cañón laboral, a la que va a poder explotar. El tercer objetivo de este primer pilar: “Garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuya a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Hasta ahora muchos trabajadores utilizaban como argumento para pedir una subida del convenio colectivo que en el sector público las personas que hacían lo mismo que ellos ganaban mucho más. Los empresarios muchas veces, bajo esta presión, subían los sueldos. Lo que se propone ahora es que los sueldos de los funcionarios bajen y se pongan al nivel de los trabajadores privados. No con el objetivo de ahorrar dinero al estado, sino de que los trabajadores del sector privado no se sientan discriminados.

El segundo pilar es el impulso del empleo que se va a lograr “mediante la reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo”. Se dice que si se ponen menos impuestos a los trabajadores y a los empresarios generarán más empleo, la gente trabajará más feliz, habrá más dinero para meter en el mercado, etc. El problema es que, para que la gente no se indigne demasiado, es muy probable que a los trabajadores mileuristas, cuando entre en vigor el Pacto del Euro, se le bajen los impuestos para que se pueda ahorrar al mes 10 o 15 euros. Pero a la vez que se le bajan a él los impuestos, se van a bajar mucho más a las grandes rentas. Se pretende engañar al trabajador intentando que piense que como gana más a fin de mes, esta medida ha sido beneficiosa para él. Lo que no quieren que pensemos, pese a que es una realidad evidente, es que, con el dinero que los grandes empresarios se van a ahorrar, que van a ser miles y miles de millones de euros, gracias a esa bajada de los impuestos, antes se sostenían servicios esenciales como los ambulatorios, las escuelas, etc. Si las rentas altas dejan de pagar eso, si a día de hoy tenemos que pasar cinco horas esperando en el ambulatorio, a lo mejor mañana tenemos que esperar diez horas. Y no sólo eso, sino que tenemos que pagar por ello en el sistema de copago del que hablaba Valcárcel. Lo que nos quieren hacer con la bajada de impuestos consiste en te doy un poquito más, pero te quito bajo manga muchísimo más de lo que en teoría te estoy dando. La segunda medida del segundo pilar es flexibilizar las condiciones laborales. Es decir, facilitar el despido y la temporalidad. Ellos parten de la base de que cuanto más fácil sea despedir a los trabajadores, cuantos más contratos temporales haya, cuanto menos tenga que pagar el empresario en indemnizaciones al trabajador, más feliz va a ser el empresario y todo va a funcionar mejor. El problema es que el Estado español y la Unión Europea no han nacido para que el empresario sea feliz, han nacido para que las personas puedan vivir en condiciones dignas. Utilizar la escusa de la economía para promover que una persona tenga que estar toda su vida pendiente de si le van a renovar el contrato, sometiéndose a las condiciones del empresario de una forma absolutamente sumisa, porque sabe que si no hace lo que le mandan, el contrato no se lo van a renovar. Permitiendo que una persona que ha pasado tropecientos años trabajando en una empresa la dejen en la calle con una indemnización mínima. Eso es cargarse el bienestar de los europeos y españoles. Es cargarse la esencia misma del estado, que es garantizar la dignidad de todas las personas. Los intereses de las rentas altas y los grandes empresarios no justifican que la gran mayoría tengamos que renunciar a lo más básico para que ellos puedan seguir amasando dinero.

El tercer pilar: “Incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Se expone en el Pacto del Euro como objetivo irrenunciable para todos los países europeos una reducción del déficit al 3%. Es decir, no puede haber un exceso del gasto público que supere el 3%. El problema se encuentra en las medidas que se plantean para ello. Sería justo plantear una reducción del déficit a través de un aumento de los impuestos a las rentas más altas. Por cierto, esto nos lo plantean como algo inasumible porque según los políticos de España, si los ricos tienen que pagar más se irán a otros países. Lo que no nos dicen es que en Suecia, Holanda y los países nórdicos los ricos pagan hasta 20 puntos más en el IRPF de lo que pagan en España, y no se van, siguen viviendo allí. Por consiguiente, también seguirían viviendo en España si tuviéramos las narices de exigirles que paguen lo que deben pagar. Lo único que a lo mejor se enfadaban con Zapatero y cuando abandone el gobierno no le daban un puesto de asesor de economía de la gran empresa X, que evidentemente no sabe de economía y no se lo iban a dar de otra forma que no fuera vendiéndose a la gran empresa X. El problema es que las medidas que se plantean para esta reducción del déficit son bastante sangrantes y sobre todo se fundamentan en la explotación de los trabajadores de mayor edad. Por ejemplo, se plantea “El ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”. Ya dijo Merkel que eso de jubilarse a los 67 años era muy poco, que había que trabajar más. Con el Pacto del Euro es muy posible que nos suban la edad laboral hasta los 70 años. Nos están quitando derechos de una forma gradual. Así poco a poco va degenerando la cosa hasta que nos convirtamos en un sistema de capitalismo salvaje como el que había en los Estados Unidos de Bush. También se plantea la “Limitación de los planes de jubilación anticipada”. Es decir, aquellas personas que a día de hoy tenían el derecho a jubilarse de forma anticipada, van a cobrar muchísimo menos de lo que cobran en la actualidad. Es una forma de chantajearles para que sigan trabajando aunque tengan unas condiciones personales pésimas hasta los 70 años. También se va a promover el “Uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad”. Es decir, como no pases 30 años, o más, de tu vida cotizando, vas a tener una pensión que no te va a dar para vivir. Por tanto, más que incentivo es un chantaje. Es decir te quito las prestaciones que ya tenías y no te las voy a devolver como no te tires trabajando hasta los 70 años, y a lo mejor incluso así, con la situación de paro que hay, no llegas al nivel de los 30 años que se exigen a día de hoy para poder tener tu pensión completa.

El último de los pilares es el refuerzo de la estabilidad financiera. Se resumen en la siguiente frase que aparece en el Pacto del Euro: “Coordinación de la política tributaria”. Es decir, la libertad que hasta ahora teníamos para determinar la cuantía de los impuestos se la cargan. A partir de ahora es la Comisión Europea la que nos dice los límites de los impuestos y si, por ejemplo deciden que hay que bajar a las rentas altas los impuestos de una forma radical, los españoles no vamos a tener nada que decir, vamos a tener que aceptarlo.

En resumen esto es el Pacto del Euro. Como vemos, supone una violación a nuestra soberanía absolutamente vergonzosa, que va a deteriorar nuestra calidad de vida de una forma brutal.

 -Propuestas y metas del movimiento. Conceptos de democracia participativa y deliberativa.

-La democracia real, auténtica, la que el pueblo protagoniza tiene que ser deliberativa y participativa. La democracia deliberativa es aquel modelo en el que la gente vota sabiendo lo que vota. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos tapan los ojos y nos dicen que cojamos una papeleta de entre dos que nos ponen en la mano y la metamos en una urna, no se puede decir que hemos votado, porque no sabíamos lo que votábamos. Para que un acto sea verdaderamente libre es necesario que la persona sea consciente de lo que hace, y esa es la idea de la democracia deliberativa. Que la gente conozca la realidad, que tenga información, que contraste esa información hablando con sus vecinos, deliberando, pensando, razonando, y que, una vez que conozca cuál es la realidad política del país, cuáles son las posibilidades que tiene de influir en ella, el contenido de cada una de las medidas que se le plantean… una vez que tenga todo esto, que decida. La democracia participativa es la otra cara de la democracia real. Es aquel sistema político en el cual la gente participa en la gestión de los puestos públicos haciendo algo más que votar una vez cada cuatro años. En la democracia participativa se parte de la base de que el ciudadano es el verdadero dueño del poder y de que si el 90% de la ciudadanía está en contra de la Guerra de Irak, la Guerra de Irak no se puede hacer. Y si el 80% de la población está en contra de la Reforma Laboral, la Reforma Laboral no se puede imponer. A día de hoy, nuestros políticos tienen un concepto de la democracia que se puede resumir en el de concatenación de dictaduras que duran cada cuatro años. La única diferencia con la dictadura de Franco es que, cuando estaba Franco, nosotros no podíamos quitarle. Ahora mismo podemos quitar al presidente del gobierno, que gobierna sin contar para nada con nosotros durante toda la legislatura, pero sabemos que aquel individuo al que vayamos a poner en su lugar va a tener la misma libertad para gobernar sin contar para nada con la ciudadanía durante otros cuatro años. Nuestra única arma es que si no lo hace bien, le quitamos. Pero si tenemos en cuenta las pocas opciones políticas que hay en España, esa arma es bastante reducida. Voy a hablar de las medidas que sirven para fomentar esos dos conceptos de democracia deliberativa y participativa. La democracia deliberativa se fomenta de dos formas. Primero, consiguiendo que los jóvenes, desde el colegio, conozcan la política. Eso ha hecho que en muchos países europeos haya asignaturas que tienen como objetivos, en primer lugar, inculcar los derechos humanos, que los niños conozcan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conozcan cuáles son los valores que fundamentan esa declaración y conozcan que todos ellos como individuos tienen derecho a que se les respete. Sobre esta base, lo siguiente es que los niños discutan sobre los problemas políticos de actualidad en clase. De esa forma se consigue que la gente conozca sus derechos, que la gente sepa aplicar sus derechos, reflexionando sobre la plasmación práctica de esos derechos en cada uno de los asuntos de la vida cotidiana. Así la gente sale ya del instituto siendo ciudadana y sintiéndose ciudadana, sabiendo que es protagonista de la política y que tiene derecho a que se le respete y a influir en el gobierno de su país. La segunda medida para fomentar la democracia deliberativa es la participación ciudadana en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación son un servicio público, aunque muchos de ellos sean privados. Eso implica que no tienen que ser unos señores que tienen un contacto excelente con Botín y demás fauna los que determinan la programación, sino que los ciudadanos en primera persona tenemos derecho a decidir qué programación tiene que haber, tenemos derecho a participar en los programas, a que se nos dé la oportunidad de hacer oír nuestra voz, a que  todas las ideas estén presentes en los medios.

Hablemos de las medidas de democracia participativa. En España no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de influir en la política, una vez que hemos votado cada cuatro años. Pero hay países europeos como Italia o Suiza en los que, por ejemplo, los ciudadanos, reuniendo un número de firmas, pueden obligar al gobierno a convocar un referéndum sobre la materia que ellos consideren, y ese referéndum es vinculante para el gobierno, tiene que aceptar su contenido. En España, los ciudadanos no podemos convocar un referéndum, sólo los partido políticos. También, en países latinoamericanos hay una figura que se llama la revocación de mandato. Mediante la revocación de mandato, si los electores de una determinada circunscripción entienden que uno de sus parlamentarios o un cargo electo municipal no está cumpliendo con su programa, puede recoger un número de firmas, equivalente al 20% del censo, y convocar un referéndum obligatorio para determinar si ese señor tiene que seguir en el cargo o no. Si más gente de la que en su día votó a favor de ese señor vota ahora a favor de que se vaya, tiene que dejar su cargo y se convocan elecciones en esa circunscripción para nombrar a un sustituto. Luego están los presupuestos participativos, que permiten a los ciudadanos, a través de asociaciones, votar sobre un porcentaje del presupuesto municipal, que ellos van a gestionar. Así, si en un determinado barrio la gente considera que es prioritario, por ejemplo, limpiar el sistema de alcantarillado, esa gente, a través del presupuesto participativo presenta ante el ayuntamiento un escrito en el que se dice que la mayoría de los vecinos del barrio han votado a favor de esa medida y el ayuntamiento tiene que destinar la parte del presupuesto que iba a destinar a ese barrio a lo que los ciudadanos han decidido.

Esto nos enseña que en España nos queda un largo camino por recorrer, pero solamente tenemos que animarnos a andarlo porque más atrasados que en Italia no somos, y si en Italia tienen un referéndum vinculante nosotros también tenemos derecho a tenerlo y lo podemos conseguir.

 -15-M esencia pacífica del movimiento

-Nuestro movimiento, como se ha demostrado en lugares como Barcelona, es de esencia pacífica, que permite que sus miembros sean apaleados, como sucedió cuando se intentó desalojar la acampada de Barcelona, sin moverse, sin responder a la policía. Yo creo que en ningún otro país de Europa y prácticamente en ningún antecedente histórico ha existido una muestra tan ejemplar de pacifismo como la que se vio en Barcelona. Estaban pasando cosas que a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le hubieran hecho sentir una rabia indecible. Como ejemplo, que a un señor en silla de ruedas (las fotos están ahí) fue zarandeado y apaleado por la policía. Son cosas que claman al cielo, y la gente, pese a que en ese contexto habría sido hasta comprensible que alguien se tirara contra el policía para defender al señor de la silla de ruedas, permaneció estoicamente parada, permitiendo que le apalearan, sin ninguna reacción. Aparte de ser un imperativo moral el hecho de no atacar a nadie, es también algo que resulta esencial para que nuestro movimiento salga adelante. La violencia no sirve para nada, y no es un tópico. Si la policía carga contra una manifestación y la gente responde atacando a la policía, la gente tiene las de perder, porque no tiene material antidisturbios. La gente está en una situación de inferioridad física increíble, y lo único que va a recibir son más golpes y una criminalización en los medios de comunicación que va a hacer que muchísimos ciudadanos, que se creen lo que aparece en la televisión, se aparten del movimiento. Más allá de eso, aunque esos manifestantes se armaran e hicieran frente a la policía, no se conseguiría nada, porque si la policía no pudiese reprimirles saldría el ejército, los tanques, y eso si que no hay quien lo pare. Los políticos lo que quieren es que respondamos con violencia para poder criminalizarnos, decir que somos violentos. Tenemos que ser más inteligentes que ellos. Más allá del imperativo ético que nos lleva a no atacar a nadie, tenemos que ser conscientes de que un voto, una manifestación en la que se pretenda concienciar a los ciudadanos es mil veces más dañino para la autoridad que un golpe contra un policía, porque el policía, en el fondo, es un funcionario que al político no le importa absolutamente nada y al que si se le abre la cabeza el político va a seguir durmiendo exactamente igual de tranquilo. Es más, seguramente se alegrará porque podrá esgrimir la agresión al policía para desacreditar al manifestante. En cambio, si usamos la palabra, la comunicación, la gente nos escuchará, y a través de herramientas como el voto, la Iniciativa Legislativa Popular, el Derecho de Petición, las asambleas populares, la concienciación de la gente, vamos a conseguir cambiar el país de una forma absoluta. Por tanto rechazamos la violencia. Porque es inmoral y porque es una de las cosas que pueden cargarse nuestro movimiento si no sabemos reprimirla.

-Iniciativa legislativa popular y derecho de petición

-La Iniciativa Legislativa Popular permite que un grupo de ciudadanos puedan presentar ante el parlamento nacional o autonómico un proyecto de ley. Tenemos que presentarlo perfecto. La ley con todos sus puntos lista para entrar en vigor. Una vez que presentamos el proyecto de ley ante la mesa del congreso o la mesa del parlamento regional, ese organismo determina si la iniciativa legislativa popular es legalmente válida. Hay una serie de materias que están excluidas de la iniciativa legislativa popular, fundamentalmente son: materia presupuestaria, financiera y de ley orgánica. Por ejemplo, la ley electoral, es una ley orgánica. Una vez presentado el proyecto de ley nos dan una serie de hojas selladas para que recojamos en un periodo de 6 meses, prorrogable con otros 3, 500.000 firmas en el caso de la iniciativa legislativa popular nacional, y 10.000, en el caso de la autonómica. Si recogemos estas firmas, el parlamento se compromete a debatir y votar la ley que hemos planteado. Puede aprobarla o rechazarla, pero si le damos la publicidad suficiente a la iniciativa legislativa y se plantea como una materia que es de justicia, pero que los políticos no tratan porque no les conviene, y si aparte del número de firmas que recabamos, que lo ideal sería que fuesen muchísimas más de las necesarias, conseguimos que los medios de comunicación nos hagan caso (son reacios a ello, pero si hacemos movilizaciones masivas no tienen más remedio). Si conseguimos que todos los murcianos o todos los españoles tengan en su mente la iniciativa legislativa popular que hemos planteado, y sean consciente de lo necesaria que es, los políticos lo van a tener muy difícil para votar en contra de ella cuando se la planteemos. Por tanto, no es un método perfecto, tiene el riesgo de que se eche abajo, pero si se publicita bien, si se lucha por ella, es muy posible que salga adelante.

El derecho de petición es un derecho que no se ejercita sólo ante el parlamento, sino ante cualquier autoridad pública: un alcalde, el presidente del gobierno, el delegado del gobierno… y su objetivo es el siguiente: presentar un escrito hecho por un ciudadano o varios en el que se pide una determinada cosa. Una vez que se ha presentado el derecho de petición, obliga a la autoridad pública a responder al ciudadano por escrito en el plazo de tres meses diciéndole  si acepta lo que le ha pedido o si no lo acepta, y tiene que decir por qué. El derecho de petición es un derecho fundamental. Por consiguiente, si no se respeta, si la autoridad pública no nos responde, tenemos derecho a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que le obligará a responder. Evidentemente, la fuerza del derecho de petición es menor que la de la iniciativa legislativa popular, porque no obliga a que haya un acto político con todos los medios de comunicación, con el interés público como el que generaría debatirlo en el parlamento. Pero, por lo menos, obliga al político a mojarse y a contestar por escrito. Si se consigue que la iniciativa que presentamos por derecho de petición esté respaldada por cientos y cientos de miles de ciudadanos, si se publicita, si se consigue que la gente se implique en ella, es difícil que el político diga que no. Y si dice que no, podremos esgrimir el documento en el que dice que no, pese a lo justa que era nuestra petición, y pese a todas las personas que la apoyaban para en futuras elecciones demostrar que esa persona no tiene nada que ver con las demandas de la ciudadanía.

 -Iniciativa legislativa popular que se está preparando ya desde la comisión jurídica de acampada murcia

-Estamos haciendo una iniciativa legislativa popular autonómica para la región que contiene una ley de participación y transparencia. Mediante esta ley, lo que pretendemos es que los ciudadanos tengamos un acceso mucho mayor a la información que manejan los políticos, como puede ser la cuantía de las dietas que cobran, y en qué se las gastan, los sueldos de los altos cargos de libre designación, que a día de hoy no se pueden consultar y también queremos incidir en la participación ciudadana con medidas como el referéndum municipal. La Constitución española no permite que las comunidades autónomas convoquen un referéndum en el ámbito de la comunidad, pero sí que autoriza a los ayuntamientos a hacer referéndums para que en asuntos de ámbito municipal los ciudadanos puedan pronunciarse. Si la Comunidad Autónoma decide legislar y establecer una ley de referéndum municipal, como ha pasado en Navarra, donde existe, puede obligar a los ayuntamientos a que si se da una serie de requisitos tengan que convocar ese referéndum y aceptar lo que los ciudadanos digan. Es una de las medidas estrella de la iniciativa legislativa estamos planteando, que si un 10% de los ciudadanos de un municipio reclaman al alcalde que se convoque un referéndum sobre una materia municipal, el alcalde tenga que aceptarlo, y luego tenga que aceptar el resultado de ese referéndum. Estamos trabajando en otras cosas, nos gustaría meter los presupuestos participativos, que fue una cosa que en España se ha trabajado muy poco, pero que sería maravilloso que, por ejemplo, el ayuntamiento de Bullas de a los vecinos un porcentaje del presupuesto para que ellos se lo gasten en lo que consideren oportuno votándolo en asamblea. Es algo complicado, pero creemos que para finales de septiembre va a estar lista, la vamos a presentar en la mesa del parlamento autonómico, y en cuanto nos den el visto bueno, a recabar firmas por toda Murcia para que se haga realidad.

-¿La Constitución española está blindada?

-Muy blindada. La reforma de la Constitución es un proceso muy complicado en el que los ciudadanos no tienen posibilidad de participar. La única posibilidad remota que tendríamos sería ejercer el derecho de petición ante el presidente del gobierno para reclamarle que hiciese una reforma de la Constitución, y de una forma absolutamente masiva, por toda España, recoger firmas para avalar ese derecho de petición y que el presidente tuviera que mojarse y decirnos por escrito por qué, aunque millones de ciudadanos se lo pidan, no se reforma. Pero, como digo, es muy complicado. En fin, una de las cosas que hemos aprendido en este movimiento es que si queremos, podemos hacer las cosas, pero lo vamos a tener especialmente difícil para lograr este objetivo si verdaderamente queremos intentarlo.

-La ley electoral

-En España tenemos la ley D’ont, y se aplica a unas circunscripciones electorales muy pequeñas, en las que se juega un número de diputados muy reducido, lo que hace que los partidos mayoritarios estén sobrerrepresentados y los partidos minoritarios estén en la más absoluta miseria. La solución para conseguir una representación mayor en España sería: en primer lugar, circunscripciones mucho más amplias, o bien una sola circunscripción nacional. Que todos los diputados se presenten para toda España y se contabilicen todos los votos. Así, incluso aplicando la ley  d'hont, los partidos minoritarios serían mucho menos perjudicados. Además, la ley d'hont no es el único sistema electoral posible. Está el sistema electoral porcentual, que aplica el porcentaje exacto del número de votos al porcentaje de diputados, desde la perspectiva de la circunscripción única. Es factible, pero en España lo vamos a tener muy difícil para conseguirlo. Zapatero se comprometió a ello, además, lo prometió públicamente, y mintió. Después de haber estado dos legislaturas, no ha reformado la ley electoral. Entonces, si realmente lo queremos, es a base de movilización ciudadana.

El tema de las listas abiertas. Son una forma de desarrollar la democracia, mucho mejor que la de las listas cerradas. Con las listas cerradas, el diputado no tiene la posibilidad de presentarse fuera de su partido. El partido presenta una lista, en la que mete a quienes quiere y por consiguiente los diputados tienen que ser absolutamente disciplinados, porque si se atreven a desafiar, aunque sea mínimamente, la dirección del partido no están al año siguiente, y hay que votar en bloque a esa lista. Aunque un diputado en concreto te parezca que es un miserable o un corrupto, le tienes que votar quieras o no. Con el sistema de listas abiertas, tú decides a cuántos de los diputados de esa lista votas, algo mucho más democrático, y lo que es más importante, los ciudadanos individuales se pueden presentar a diputado. De forma que si un determinado partido incumple su programa de una forma obscena y un porcentaje de sus diputados rompe la disciplina del partido y dicen “a mí no me eligieron para esto” y vota en contra de lo que manda la ejecutiva del partido, esos diputados luego podrán presentarse como independientes en las siguientes elecciones, y la gente les votará por su honradez. Con las listas cerradas, esto no es posible. Es por eso que en el Congreso de los Diputados todos votan siempre a una, aunque la ejecutiva del partido haya ordenado que voten algo que es absolutamente contrario a su programa electoral y que sea un engaño a los ciudadanos, pero no tienen otra, si no lo votan se quedan fuera del partido y no pueden presentarse a las elecciones.

 -Pacto por la transparencia y el buen gobierno

-Ha sido promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias. Es como un club privado de municipios que ha decidido organizarse así para poner en común sus asuntos. No tiene carácter oficial, no es un órgano del Estado. Decidió promover un pacto por el buen gobierno, un código de buen gobierno, y dio libertad a los municipios para que lo aceptaran si consideraban que era acorde con sus objetivos. El código de buen gobierno propone objetivos genéricos, pero tiene ciertas cosas muy positivas porque son medidas concretas que se impone a los concejales y el alcalde, y que pueden contribuir a que la transparencia en el municipio sea mucho mayor. Por ejemplo, se establece que los concejales y el alcalde tendrán que hacer una declaración de bienes, de sus actividades económicas y de las posibles incompatibilidades con su cargo. También se ordena la publicación de dietas y sueldos y se establece que para fijar los sueldos del alcalde y los concejales debe seguirse un baremo objetivo que tome como referencia la media del sueldo de los alcaldes y concejales de los municipios que tienen más o menos la misma población. En Murcia, prácticamente todos los municipios se han negado a firmar el pacto de buen gobierno, pese a que la federación de municipios no es un organismo oficial y no hay forma de sancionarles si no lo cumplen. Desde la acampada de Murcia hemos presentado 45 escritos, uno a cada municipio de la región, reclamando que se adhieran al código de buen gobierno. Lo hemos hecho mediante el derecho de petición, lo que nos garantiza que en un plazo de tres meses nos tienen que contestar diciéndonos si lo hacen o no, y por qué. Es una forma de obligarles a decir por qué unas medidas que son tan sumamente apolíticas, simplemente transparencia, honradez y acceso de la gente que es dueña del municipio a saber cómo se gestiona su dinero y qué sueldo tiene la gente que la representa.

 -¿Qué simboliza este movimiento?

-A mí este movimiento me ilusiona mucho porque una de las primeras cosas que hace es cargarse las élites. Hay algo que siempre me ha asqueado mucho porque es la premisa de toda dictadura, que es el concepto de élite. Es decir, la idea de que hay un grupo de ciudadanos que por ser más inteligentes, por tener un cargo religioso o político, o por tener unos estudios, tienen derecho a pensar por los demás. Y que esos son los únicos ciudadanos capacitados para gobernar el país, el resto, simplemente tenemos que obedecer. El movimiento 15-M ha demostrado que los ciudadanos tenemos la inteligencia y la fuerza para cambiar de cabo a rabo lo que ahora mismo es la política, y para establecer la política que nosotros consideremos. Esto es algo muy grande porque hasta ahora han intentado hacernos creer que estábamos solos. Cuando una persona se sentía indignada por ver a un mendigo tirado en la calle, por ver que su vecino pensionista tenía que ir a Cáritas porque la pensión no le daba para comer, al ver que un incompetente estaba de director general de tal materia simplemente por ser sobrino de consejero… Nos sentíamos solos. Pensábamos que éramos los únicos que pensábamos así y los únicos que queríamos que eso cambiara. Pero gracias a este movimiento nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente más que piensa de esta manera, y nos hemos dado cuenta de que todos juntos podemos tener ideas maravillosas y podemos trabajar juntos para cambiar la realidad. Para mí este movimiento es maravilloso precisamente por eso, porque se carga las élites, y convierte la política en algo que es de todos, y nos demuestra que todos tenemos capacidad y fuerza para cambiar la realidad. Ésta es la razón por la que yo estoy aquí, con una esperanza enorme, viendo en cada uno de vosotros, igual que veo en mí a un ser que es más fuerte que todos los políticos, que todos los directores generales y que tiene más criterio que todos los dirigentes que hay ahora mismo en la actualidad para cambiar las cosas. Porque nosotros, a diferencia de ellos, no nos movemos por dinero, no nos movemos por el deseo de medrar, de ascender, sino que sólo pretendemos conseguir un mundo mejor para nosotros, para los que nos rodean, y sentir la libertad y la dignidad en nuestra persona y en la de los demás, y ver como gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros las cosas mejoran, y ver cómo vivimos en cada una de esas mejoras, y como nos volvemos inmortales desde el momento en que somos una fuerza que se contagia, que cambia la vida de la gente y que estoy convencido que va a cambiar este país de raíz.

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