El 11 de noviembre el diario El País en un editorial-no editorial (sin firma) daba las razones de la empresa para despedir a una parte importante de su plantilla. A nuestros lectores, se llamaba el artículo de opinión. Insinuaba, pero no explicaba los argumentos de los trabajadores, ni decía que colaboradores se negaron a mandar su artículo o quién había abandonado definitivamente el periódico.
Tampoco tan siquiera el mínimo gesto de reconocer el trabajo de unos periodistas que en algunos casos llevaban años en la redacción del diario.
Las quejas de los lectores no se han hecho esperar y, el Defensor del Lector, Tomás Delclós, ha publicado parte de ellas en Una carta sin firma. Sin embargo, no ha querido el Defensor dar su opinión y ha preferido que Javier Moreno, el director, cierre el artículo con una larguísima cita.
Cerraré este artículo con esa parrafada de Javier Moreno, pero el Defensor del Lector ha rehuído el conflicto. A lo más que llega es a calificar de "comprensibles" las quejas de los lectores y a señalar que el Libro de Estilo de El País en las piezas “particularmente comprometidas o presumiblemente polémicas”, que los
autores “deben responsabilizarse plena y públicamente de su información”.
Un Defensor del Lector, oídas ambas partes, debe pronunciarse. Algo qu Tomás Delclós, entre amigos y el que paga, prefirió no hacer. Una lástima, le tengo estima por otras de sus "defensas del oficio" como La esposa de...
Aquí el ínclito Javier Morerno, director del diario, que si cierra el texto de Tomás Delclós también puede cerrar el mío.
“Quiero, antes que nada, aclarar la naturaleza del texto publicado el
domingo pasado a propósito del conflicto laboral que ha vivido EL PAÍS
en las últimas semanas, porque ese parece uno de los puntos que ha
suscitado mayor controversia entre los lectores que han acudido al
Defensor del Lector. Ese día el periódico publicó dos editoriales. Uno
sobre la nueva formación profesional y otro sobre el escándalo que se ha
abatido sobre la CIA y el general Petraeus. El texto A nuestros lectores
se publicó en una página distinta a la reservada a los editoriales. Y
ello fue así porque no se trataba de un editorial, pese a aparecer sin
firma, sino de una carta del periódico a los lectores, como su nombre
indicaba con claridad. En ella se recogían las causas del Expediente de
Regulación de Empleo que había desatado el conflicto, las turbulencias
vividas dentro de la Redacción y fuera de ella como consecuencia de
aquel y la determinación en mantener la solvencia moral del proyecto
colectivo que siempre ha sido EL PAÍS, pese a la crisis que azota España
y la industria de los medios de comunicación. Como director, soy el
responsable último ante los lectores y ante la ley de todos los textos
que se publican en el periódico. También de este. Y consideré que, en
tanto que comunicación institucional de la posición del periódico y de
la empresa sobre lo sucedido en los últimos 30 días, el texto no debía
aparecer firmado. ¿Recogía, como se queja algún lector, la posición de
la mayoría de periodistas que secundaron los tres días de huelga? El
texto ciertamente explicaba que esta se produjo en defensa legítima de
los derechos de los trabajadores y que fue secundada por un 80% de la
plantilla. Información que, por cierto, se proporcionó, con los datos
correspondientes, en las páginas del propio periódico todas y cada una
de las jornadas de huelga. En total, se publicaron seis informaciones
sobre el conflicto, en las que se recogió la posición en contra del
Comité de Empresa o la reprobación del presidente del periódico en una
asamblea de trabajadores. Confío por otra parte en que las ‘posiciones y
quejas’ de los lectores, cuya ausencia también ha suscitado protestas,
queden adecuadamente reflejadas en esta tribuna del Defensor del Lector,
la institución de la que se ha dotado el periódico para este fin. Lo
lamento, pero resulta seguramente inevitable: en un conflicto de la
gravedad y con las dolorosas consecuencias de un ERE, que finalmente ha
afectado a 129 personas, las expresiones de protesta se multiplican y,
junto a aquellas legítimas, se producen también no pocas acusaciones
injustas, infundadas o directamente falsas o tendenciosas. Ellas se han
dado en cartas abiertas, tribunas ajenas al periódico, medios digitales
de variada reputación o incluso conferencias públicas. Considero que
cubrirlas en su totalidad y refutar aquellas que así lo hubieran
requerido hubiera excedido las páginas del periódico y hubiese supuesto
una falta de respeto al involucrar a los lectores en un conflicto
laboral que, vuelvo aquí a asegurar, no afectará en absoluto a la
calidad de EL PAÍS, a su profesionalidad, a su independencia, así como a
su permanente defensa de una idea laica, progresista y de continua
modernización de la sociedad a la que se dirige, tanto en España como en
América Latina”.
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