viernes, 8 de octubre de 2010

Derecho a la información (el caso Cehegín)

En Caravaca de la Cruz era común escuchar hace unos meses en la calle: «¿Por cuánto nos ha salido participar en la Maratón neoyorquina?» o «¿Y que empezara o acabara la Vuelta España?». Por no hablar de ferias a las que acuden las autoridades como, por ejemplo, FITUR. ¿Cuánto cuestan las dietas de los políticos? ¿Y los gastos de protocolo que cada municipio asegura haber rebajado aunque no se concreta nunca la rebaja? Pero minuciosamente: la copa y el puro, la cuenta del hotel, el ágape, el billete de tren o avión…

No es un tema baladí ni exclusivo, como demuestra el caso de Cehegín, en el que un juez (hay recurso por parte del Ayuntamiento) ha exigido a éste que le dé a conocer a la oposición una información que le venía negando con argumentos bastante peregrinos: gasto en las fiestas patronales de los últimos años, Alejandro Sanz incluido, deuda municipal, préstamos… Qué oportunidades tiene la oposición de controlar al Equipo de gobierno (su principal responsabilidad, además de hacerse creíble como alternativa) si éste le impide acceder a la información. La Constitución Española recoge en su artículo 20.d el derecho de comunicar y recibir libremente información, pero llega más lejos (y es lo que realmente nos interesa porque los políticos de cualquier signo se cubren unos a los otros: «hoy por ti mañana por mí»): en su artículo 105.b reconoce el derecho de los ciudadanos de acceso a registros y archivos. Por desgracia, en España el ciudadano sólo puede acceder a la información de las administraciones si demuestra que es parte interesada. ¿Pero qué significa ser parte interesada? Es que un ceheginero no tiene derecho a saber cuánto ha gastado su Concejal de Festejos en pólvora mientras él se encuentra sin empleo. ¿O un caravaqueño conocer exactamente cada gasto del consorcio Caravaca Jubilar?

Por desgracia, aunque el derecho esté reconocido en la Constitución, no hay una Ley de Acceso a la Información (el PSOE aún no ha cumplido su promesa de 2008). Así sabríamos, por ejemplo, si promocionamos nuestros municipios o autopromocionamos a nuestros concejales.

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