Accountability es un concepto que en español debería traducirse con precisión como "exigencia y rendición de cuentas" o "rendición obligatoria de cuentas".
¿Qué es la “rendición de cuentas”?
Según el mejicano Andreas Schedler: “en el ámbito político, afirmamos que la noción de rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement)".
Solemos reducir "rendición de cuentas" a una asamblea donde un grupo político o el equipo de Gobierno informa pormenorizadamente a la militancia o a la ciudadanía en general sobre sus actuaciones (o con mayor frecuencia sobre las actuaciones de sus predecesores en el poder).
Como “rendición de cuentas”, por tanto, podríamos entender las asambleas que convocaron a los cien días de tomar posesión del cargo los nuevos gobernantes de algunos ayuntamientos de la comarca del Noroeste.
También el anuncio hace unas semanas en el perfil de Facebook de Juventudes Socialistas de Caravaca de que "en un acto de Transparencia los ciudadanos se sentarán frente a sus gobernantes a preguntar lo que estimen oportuno".
En el significado reducido o coloquial, previo a la “rendición de cuentas”, donde el gobernante debe justificar el ejercicio de poder, el gobernado debe conocer los datos necesarios para poder juzgar.
Sin embargo, según el análisis publicado por José Luis Ros Medina (entrevista con el politólogo en las páginas del semanario El Noroeste) sobre transparencia, a excepción de Bullas, el resto de ayuntamientos de la comarca del Noroeste no dota a sus ciudadanos de las herramientas necesarias para fiscalizar su labor. Suspenden, como se observa en los gráficos, en todos los apartados: Urbanismo, contrataciones, materia económica, relación con los ciudadanos, información sobre la corporación.
Es más, los ayuntamientos están avanzando -dotándose para ello de reglamentos- en una mayor participación, pero ésta debería ir acompañada de una mayor información (además de porque ésta es un derecho y a la vez fue un compromiso electoral de todos los grupos políticos), también porque el aumento de responsabilidad del ciudadano le exige un mayor conocimiento para poder ser copartícipe en la toma de decisiones.
¿Qué es la “rendición de cuentas”?
Según el mejicano Andreas Schedler: “en el ámbito político, afirmamos que la noción de rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement)".
Solemos reducir "rendición de cuentas" a una asamblea donde un grupo político o el equipo de Gobierno informa pormenorizadamente a la militancia o a la ciudadanía en general sobre sus actuaciones (o con mayor frecuencia sobre las actuaciones de sus predecesores en el poder).
Como “rendición de cuentas”, por tanto, podríamos entender las asambleas que convocaron a los cien días de tomar posesión del cargo los nuevos gobernantes de algunos ayuntamientos de la comarca del Noroeste.
También el anuncio hace unas semanas en el perfil de Facebook de Juventudes Socialistas de Caravaca de que "en un acto de Transparencia los ciudadanos se sentarán frente a sus gobernantes a preguntar lo que estimen oportuno".
En el significado reducido o coloquial, previo a la “rendición de cuentas”, donde el gobernante debe justificar el ejercicio de poder, el gobernado debe conocer los datos necesarios para poder juzgar.
Sin embargo, según el análisis publicado por José Luis Ros Medina (entrevista con el politólogo en las páginas del semanario El Noroeste) sobre transparencia, a excepción de Bullas, el resto de ayuntamientos de la comarca del Noroeste no dota a sus ciudadanos de las herramientas necesarias para fiscalizar su labor. Suspenden, como se observa en los gráficos, en todos los apartados: Urbanismo, contrataciones, materia económica, relación con los ciudadanos, información sobre la corporación.
Es más, los ayuntamientos están avanzando -dotándose para ello de reglamentos- en una mayor participación, pero ésta debería ir acompañada de una mayor información (además de porque ésta es un derecho y a la vez fue un compromiso electoral de todos los grupos políticos), también porque el aumento de responsabilidad del ciudadano le exige un mayor conocimiento para poder ser copartícipe en la toma de decisiones.
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