"¡Es la economía, estúpido!" (the economy, estupid) fue una célebre frase del asesor James Carville para la campaña de Bill Clinton en 1992.
En esta campaña electoral catalana, sin embargo, habría que darle la vuelta. "¡No es la economía, estúpido!". Porque los partidos políticos parece que fían sus posibilidades de victoria -o de minimizar su derrota- a que los electores compren el mensaje de que con una hipotética secesión la economía tanto la catalana (como la del resto de España) empeoraría o aquel otro mensaje simplificado sobre si es cierto el lema "España nos roba" o, por último, el de la permanencia en la Unión Europea, que al final acaba siendo el del acceso a sus mercados, es decir, un argumento económico, porque Europa ni nos hace más listos ni más guapos.
La claridad es fundamental para que cada cual tome sus decisiones en conciencia, pero también informado, así que bienvenidos sean los libros y artículos de economistas como los publicados recientemente en El País por Josep Borrell y Joan Llorach, Garicano o Xavier Sala i Martin.
También en ese afán de claridad (y de coerción para qué engañarnos, aunque si el voto no es racional no va a producir el efecto esperado) las advertencias que realicen banqueros, empresarios, otros países miembros de la Unión Eurpoea... Y, por supuesto, que el Gobierno de España deje claro ya qué opciones baraja en caso de que el gobierno elegido por los catalanes dé pasos para la independencia. La que marca la Ley según el catedratico de Derecho Constitucional Francesc de Careras en una entrevista en El Mundo: "el Primero, la reforma del TC me parece adecuada. Aunque si hay un movimiento insurreccional, no bastará. Luego está el artículo 155.en el fondo no es la suspensión de la autonomía. El 155 lo que hace es colocar al Gobierno del Estado en la cúspide jerárquica, con autoridad sobre el Ejecutivo autonómico, para hacer cumplir la ley y, si no, recurrir a métodos coactivos. El estado de sitio. Procedería si el enfrentamiento se lleva a las últimas consecuencias, por ejemplo si los jueces se niegan a aplicar lo que resuelva el TC. El Gobierno nombraría un delegado que impondría la ley".
Pero en el artículo de Xavier Sala i Martin se resalta una frase: "Los 16.000 millones no son la razón principal para querer la independencia".
También en ese afán de claridad (y de coerción para qué engañarnos, aunque si el voto no es racional no va a producir el efecto esperado) las advertencias que realicen banqueros, empresarios, otros países miembros de la Unión Eurpoea... Y, por supuesto, que el Gobierno de España deje claro ya qué opciones baraja en caso de que el gobierno elegido por los catalanes dé pasos para la independencia. La que marca la Ley según el catedratico de Derecho Constitucional Francesc de Careras en una entrevista en El Mundo: "el Primero, la reforma del TC me parece adecuada. Aunque si hay un movimiento insurreccional, no bastará. Luego está el artículo 155.en el fondo no es la suspensión de la autonomía. El 155 lo que hace es colocar al Gobierno del Estado en la cúspide jerárquica, con autoridad sobre el Ejecutivo autonómico, para hacer cumplir la ley y, si no, recurrir a métodos coactivos. El estado de sitio. Procedería si el enfrentamiento se lleva a las últimas consecuencias, por ejemplo si los jueces se niegan a aplicar lo que resuelva el TC. El Gobierno nombraría un delegado que impondría la ley".
Pero en el artículo de Xavier Sala i Martin se resalta una frase: "Los 16.000 millones no son la razón principal para querer la independencia".
Tendemos a pensar que los estados acaban por actuar racionalmente, ese realismo político les guiaría hasta el punto donde pueden llegar en sus demandas -tensando sin romper la cuerda-; en menor medida, pensamos que los partidos políticos también se mueven de una manera racional -¿lo que queda de Convergencia -con sus elites- rehén de un partido antisistema como la CUP?-; y, por último, aunque en menor medida, la racionalidad ciudadana: la suma es mejor que la resta (entre los políticos catalanes se dan los mismos casos de corrupción, recortes, desahucios, su investigación o su educación no sobresale...).
Sin embargo, no siempre es así, no suele ser así. Y el perjuicio económico o la ilegalidad de la independencia, con las consecuencias que traerá, no va a disuadir a los votantes que voten al partido de Mas y Junqueras como si fueran unas elecciones por la independencia y no unas autonómicas. La claridad es fundamental, pero además de no disuadir, estas declaraciones en tromba (una por día) de la banca, el deporte, la seguridad social, si acaso lo que vienen a decir es que actores fundamentales del Estado español la dan por posible. Porque aunque el 27 no se celebren unas elecciones plebiscitarias, no nos engañemos, unidas a las generales, van a dar lugar a otra España distinta, aún no sabemos si mejor o peor: en su organización territorial, esperemos que sobre todo en los derechos de sus ciudadanos.
El Tribuna Supremo Canadiense, en relación a Quebec, declaraba que si una parte del Estado quiere, de forma clara y muy mayoritaria, constituir un Estado propio, hay que sentarse a hablar. Lo recordaba en la entrevista en El Mundo Francesc de Carreras. Al hilo de lo cual apuntaba que en 2012 ya propuso trasladarlo a España como un referéndum consultivo con una pregunta clara pactada entre el Gobierno de España y el catalán (convocada por el Estado según el artículo 92 de la Constitución).
Entre el día 28 de septiembre y los primeros meses de la constitución del nuevo Gobierno de la nación (a la vista de las encuestas, una coalición o un gobierno en minoría) debería discutirse la pregunta entre los partidos políticos y poner una fecha para este referéndum consultivo.
Declarar la independencia desde la Generalitat sería caer en la ilegalidad, y el Gobierno de España, pese a que Rajoy ha preferido gobernar como si no fuese posible que el Gobierno catalán declarara la independencia no le quedaría otra que aplicar las leyes, invevitablemente traumáticas.
El error de Mas de dar pasos hacia la secesión antes de las elecciones generales sería fatal, pero también lo sería que los políticos que gobiernen tras éstas ignorasen la realidad en la que gobiernan. Y si las encuestas aciertan, y siguiendo la doctrina de Canada respecto a Quebec, tras el 27 S existirá una mayoría clara que quiere, si no la independencia, una relación diferente con el resto de España.
El Tribuna Supremo Canadiense, en relación a Quebec, declaraba que si una parte del Estado quiere, de forma clara y muy mayoritaria, constituir un Estado propio, hay que sentarse a hablar. Lo recordaba en la entrevista en El Mundo Francesc de Carreras. Al hilo de lo cual apuntaba que en 2012 ya propuso trasladarlo a España como un referéndum consultivo con una pregunta clara pactada entre el Gobierno de España y el catalán (convocada por el Estado según el artículo 92 de la Constitución).
Entre el día 28 de septiembre y los primeros meses de la constitución del nuevo Gobierno de la nación (a la vista de las encuestas, una coalición o un gobierno en minoría) debería discutirse la pregunta entre los partidos políticos y poner una fecha para este referéndum consultivo.
Declarar la independencia desde la Generalitat sería caer en la ilegalidad, y el Gobierno de España, pese a que Rajoy ha preferido gobernar como si no fuese posible que el Gobierno catalán declarara la independencia no le quedaría otra que aplicar las leyes, invevitablemente traumáticas.
El error de Mas de dar pasos hacia la secesión antes de las elecciones generales sería fatal, pero también lo sería que los políticos que gobiernen tras éstas ignorasen la realidad en la que gobiernan. Y si las encuestas aciertan, y siguiendo la doctrina de Canada respecto a Quebec, tras el 27 S existirá una mayoría clara que quiere, si no la independencia, una relación diferente con el resto de España.
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