Ante la evidente debilidad de ETA, los voceros del actual Gobierno socialista de España quieren hacernos creer que la probable derrota terrorista tenga que ver con la chapucera negociación en el año 2005.
Zapatero, a pesar de las indicaciones del propio Jauregui que le advirtió que la banda iba a reventarla, continuó que acabó, efectivamente, con dos cuerpos reventados en Barajas.
Sin embargo, el Presidente obtuvo en el año 2005 el apoyo del Parlamento para dialogar con ETA (el texto fue aprobado por los parlamentarios, a excepción de los populares). La negociación fue un error, pero un error político que, entre otros muchos, le ha costado a Zapatero no revalidar su candidatura a la presidencia.
Error político, no judicial. Porque parece que el PP quiere quitarle a la política todo su sentido (ya lo hicieron antes PP/PSOE en el terreno económico dejando que el Mercado decida por ellos, pero ahora en un paso más el PP también quiere que la Justicia decida: a este paso la pregunta es: para qué los necesitamos: ¿no nos basta Mercado y Judicatura?).
De aquí hasta la derrota de ETA (que se debe a la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado con Rubalcaba y con los anteriores ministros, también Mayor Oreja; y al Pacto PSE-PP) la sociedad española deberá plantearse qué hacer con los presos etarras. Durante la Transición ya se amnistió en más de una ocasión a los terroristas y no se depuraron responsabilidades de las fuerzas de seguridad y la judicatura que provenían del Régimen. Probablemente entonces los españoles se mostraban dispuestos a una generosidad que a los de ahora nos falte (muchos asesinatos, muchos desprecios a las víctimas...).
Una decisión política manejar el final de ETA, como, en otro orden de cosas, debería ser todo lo relacionado con la investigación de los crímenes del franquismo. Si un Juez no es quien para interferir en una negociación entre Gobierno y ETA (bajo las condiciones del Parlamento), tampoco otro Juez es nadie para sacar a la luz un hecho que los españoles (con mayor o menor miedo a una nueva Guerra Civil) prefirieron olvidar para construir una democracia.
La Justicia española se ha creído en los últimos tiempos con el derecho (jaleada por oportunistas de uno y otro signo) de colocarse por encima de los electores o de sus representantes. De hacer política cuando deben preocuparse de que esta se ajuste a derecho.
lunes, 18 de abril de 2011
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5 comentarios:
NO SE DEBE NEGOCIAR, AMNISTIAR NI OLVIDAR.....
En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, que en su artículo primero dejaba amnistiados "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado,tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976".
Es decir, a cambio de "perdonar" a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes 40 años de represión franquista, como deja claro en su artículo segundo, amnistiando entre otros: "los delitos de rebelión y sedición"; "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley" o "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Nunca jamás hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En la Alemania de la posguerra, con todas las carencias que se produjeron, se condenó a muchos responsables de las atrocidades nazis, y la simbología del hitlerismo fue eliminada por completo de plazas públicas e instituciones.
En Argentina se revisó la Ley de Punto Final y se han reabierto casos contra conocidos torturadores y responsables de la dictadura militar.
Obviamente, las reparaciones en todos los casos mencionados han sido muy limitadas.
La ley de punto final de 1977, que ha sido incluso denunciada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no habría podido mantenerse hasta hoy en día sin el respaldo que la otorgaron los dirigentes de la izquierda.
La ley, cuando menos en una sociedad que presuma de vivir en un estado de derecho, no es materia de negociación ni moneda de cambio. Ésta -la norma- no atiende, o no debería atender a intereses políticos, ni de ningún otro orden como no fuese su único, incondicional y cabal cumplimiento. Envilece la memoria, de quienes por la consolidación de las democracias modernas, han trabajado toda su vida o han muerto en manos de grupos terroristas que, en un intento de salir rápido de los problemas, un estado pretenda negociar lo que la ley determina. Una negociación cabal, es decir sin vicio de origen, supone la existencia de posturas opuestas o antagónicas que, ante la carencia de una ley o norma especifica, intentan dilucidar el diferendo. Se requiere especifica y tácitamente el deseo de pactar aun cuando se reconozca lo disímiles y en ocasiones irreconciliables puntos de vista.
El terrorismo no implica ninguno de estos supuestos y la sola pretensión de ingresar a la solución de controversia por la vía de una negociación pero con un trasfondo militar convierte -tan solo eso- a la negociación en hostil y por consiguiente sea la acción disuasiva y persuasiva la que deba imperar. El uso de la fuerza, -que actualmente sufre de un enorme y comprensible desprestigio como consecuencia de todos “aquellos” que han declarado la “guerra al terrorismo” y se han convertido en aterrorizadores del mundo-, no es por sí mismo antidemocrático. Pero es en las sociedades modernas y avanzadas donde en este momento se tiene, paradójicamente, un temor desmedido a actitudes que parezcan firmes o indubitables. Tal parece que la acción de dudar es una virtud de la democracia. ¿También debemos dudar en aplicar la ley?
Negocié con los que matan y descubrirá, como ya lo hizo Rodríguez Zapatero, que abrirá las puertas infernales a todo grupo radical, antisistema, independentista, antidemocrático, “ultras” de cualquier extremo, mafias y redentores que pagaran, gustosos, con sangre, su “peaje” por la carretera de la falsa negociación. La trampa del actual proceso de paz en la que puede caer el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero no es que haya tropezado con el mismo error que gobiernos anteriores, lo que ya de por sí es reprochable, sino en que no parece encontrar una alternativa que lo ayude a moverse desde su actual “punto muerto” a una posición que le brinde una mejor perspectiva de la gestión del problema.
CONTINUACION AL PRIMER COMENTARIO....
En lugar de apoyarse en la enorme fortaleza del movimiento obrero y juvenil de la época, auténtica protagonista de la lucha contra la dictadura, para haber llevado adelante la transformación socialista de la sociedad, los dirigentes reformistas de la izquierda -Carrillo y Felipe González en la transición y los que les han sucedido después-, en aras del consenso,de la política "realista" de lo posible, del "no provocar a la reacción" -argumentos que hoy vuelven a poner sobre la mesa-, aceptaron la lógica del capitalismo, la monarquía, la bandera, y su consecuencia obvia: que hoy en día las altas instancias de la judicatura esten plagada de los mismos jueces que ya ejercían en el franquismo.
Martín Luther King "la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión sino la destacada presencia de la justicia"
Hola Conguita,
voy a leerme bien tus comentarios y a asimilarlos.
En el Ala Oeste de la Casa Blanca el Presidente da la orden de asesinar a un diplomático extranjero. Se siente mal y cita a Luther King. Su jefe de gabinete le dice: "Luther King tenía razón,pero él no tenía su trabajo".
Me temo, guste o no, que volverá a haber otra amnistía. Aunque en esta no vengamos de una dictadura ni se mantenga en su trabajo a los represores (en La Transición Sangrienta de Sánchez Soler se hace especial hincapié en todos los asesinatos de grupos de extrema derecha con connivencia o participación de los mandos franquistas). El mantenimiento de los represores, y su conversión en crimen de Estado, avivaron el terrorismo y en esas estamos.
Lo demás deja que lo piense.
Un saludo
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