La diputada popular Elvira Rodríguez aboga porque el Gobierno fiscalice a los ayuntamientos cada mes para conocer el estado de sus cuentas. En la anterior legislatura se planteó una Ley de Transparencia —como tantas leyes socialistas, quedó en el tintero— que consagraba el derecho ciudadano acceder a cuanta información elaboren los poderes públicos (con excepciones en seguridad, política exterior y defensa) y, en una escala caravaqueña, IU-Verdes presentó una moción —rechazada— para que se publicaran en la Web los documentos municipales.
Entre tinieblas pretende la clase política que se mantenga el ciudadano, aunque a la exigencia por conocer cuánto dinero se gastan nuestros gobernantes debería añadirse la pregunta «¿en qué se lo gastan» para que la democracia no signifique un voto cada cuatro años. Izquierda Unida en Cehegín, por ejemplo, lleva una moción a pleno en la que pide que se paralice el auditorio que se construye en la localidad. Un auditorio que tendrá su réplica en Caravaca (o al revés) porque existe una frontera, cual Muro de Berlín, entre estos dos municipios. ¿No es un gasto absurdo dos auditorios en localidades tan cercanas? ¿O un nuevo museo dedicado a los Caballos del Vino cuando debe ser el pueblo con más museos por metro cuadrado… y menos visitantes? Escucho cada vez más críticas a esta política de oropel que tanto se ha practicado en Murcia.
¿Y esa comisaría que Valcárcel exige a Interior —no hay cálculo político, gobiernan los suyos: el Presidente quiere su comisaría— como publica La Verdad? Aquí probablemente me quede solo: con la recesión económica, el miedo que nos roben r lo poco que queda. Pero ¿Policía Nacional más Brigadas de Seguridad Ciudadana más Guardia Civil? ¿Se van unos, vienen otros?
Cierto que los ayuntamientos no despilfarran como hace menos de un año, cuando actuaban como el que sabe que la cuenta la pagan otros: ahora pende sobre sus cabezas la amenaza del ministro Montoso de que el despilfarro público se convierta en delito. Aunque gobernando el PP en casi toda España, la amenaza Montoro será solo una amenaza.
PD. Valcárcel asimismo pidió a Interior una oficina de expedición de carnés de identidad en la comarca. Parece más útil.
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